En el mes de mayo recién pasado,
cuatro cardenales, varios obispos, científicos y teólogos, todos ellos
claramente posicionados contra el papa Francisco, han firmado una carta en la
que denuncian que las medidas que se están aplicando para frenar el coronavirus
son un "pretexto" para acabar con la libertad de culto, de expresión
y de movimiento. La carta ha sido redactada por el
ex nuncio en Estados Unidos, monseñor Carlo Maria Viganò.
El documento titulado "Por la Iglesia y
por el mundo" ha sido firmado por los cardenales Robert Sarah, prefecto de
la Congregación para el Culto Divino; Gerhard Ludwig Müller, exprefecto de
Doctrina de la Fe; Joseph Zen, obispo emérito de Hong Kong y Janis Pujats,
arzobispo emérito de Riga (Letonia).
Aunque tras publicarse la misiva
con las firmas, el cardenal Sarah se desmarcó de la iniciativa y escribió en
Twitter: "Un cardenal prefecto, miembro de la Curia romana tiene que
observar una cierta restricción en asuntos políticos. No debe firmar peticiones
en tales áreas. Por eso pedí explícitamente a los autores de la petición
titulada 'Por la Iglesia y por el mundo' que no mencionaran mi nombre". Ante
esta decisión, Viganó respondió que Sarah está completamente de acuerdo y que tiene todas las
conversaciones telefónicas grabadas para probarlo. También aparecen como firmantes
el obispo de Ferrara (Italia), Luigi Negri; de Tyler (Estados Unidos), Joseph
Strickland, y el auxiliar de Salzburgo (Austria), Andreas Laun, así como el
teólogo Serafino Lanzetta, franciscano de la Inmaculada; el sacerdote italiano
Alfredo Maria Morselli y el teólogo de la Sociedad de San Pío X, Curzio
Nitoglia, además de algunos periodistas.
Asimismo, suscriben la carta
algunos profesionales de la medicina, divulgadores y profesores, la mayoría
italianos.
LLAMAMIENTO A LA IGLESIA Y AL MUNDO
A los fieles católicos y a todas
las personas de buena voluntad :Veritas Liberabit Vos.
Juan 8:32 “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”
En este momento de gran crisis,
nosotros los Pastores de la Iglesia Católica, en virtud de nuestro mandato,
consideramos nuestro sagrado deber hacer un llamamiento a nuestros hermanos en
el episcopado, al clero, al religioso, al santo pueblo de Dios y a todos los
hombres y mujeres de buena voluntad. Esta apelación también ha sido firmada por
intelectuales, médicos, abogados, periodistas y profesionales que están de
acuerdo con su contenido, y pueden suscribirlo asimismo cuantos deseen
adherirse al mismo.
Los hechos han demostrado que,
bajo el pretexto de la epidemia de Covid-19, los derechos inalienables de los
ciudadanos en muchos casos han sido violados y sus libertades fundamentales,
incluido el ejercicio de la libertad de culto, expresión y movimiento, han sido
restringidas de manera desproporcionada e injustificable. La salud pública no
debe ni puede convertirse en una excusa para infringir los derechos de millones
de personas en todo el mundo y menos aún para que las autoridades civiles
eludan su obligación de obrar con prudencia en pro del bien común. Esto es
particularmente cierto a medida que surgen dudas planteadas por muchos en torno
a la verdadera capacidad de contagio, peligrosidad y resistencia del virus.
Muchas voces autorizadas en el mundo de la ciencia y la medicina confirman que
el alarmismo de los medios sobre Covid-19 parece estar absolutamente
injustificado.
Tenemos razones para creer, sobre
la base de datos oficiales, sobre la incidencia de la epidemia en relación con
el número de muertes, que hay poderes interesados en crear pánico entre la
población mundial con el único objetivo de imponer permanentemente formas
inaceptables de restricción sobre libertades, de controlar a las personas y de
seguir sus movimientos. La imposición de estas medidas iliberales es un
preludio inquietante para la realización de un Gobierno Mundial que escapa de
todo tipo de controles.
También creemos que en algunas
situaciones las medidas de protección que se adoptaron, incluido el cierre de
tiendas y negocios, han desencadenado en una crisis que ha derribado sectores
enteros de la economía, favoreciendo con ello la interferencia de potencias
extranjeras y tiene graves repercusiones sociales y políticas. Aquellos con
responsabilidad gubernamental deben detener estas formas de ingeniería social,
tomando medidas para proteger a sus ciudadanos a quienes representan, y en cuyo
interés tienen una obligación seria de actuar. Del mismo modo, ayúdese
igualmente a la familia, la célula de la sociedad, al no penalizar injustificadamente
a los débiles y ancianos, obligándolos a una separación dolorosa de sus seres
queridos. La criminalización de las relaciones personales y sociales también
debe juzgarse como una parte inaceptable del plan de quienes defienden aislar a
las personas para manipularlas y controlarlas mejor.
Pedimos a la comunidad científica
que esté atenta, para que se ofrezcan curas para Covid-19 en honestidad por el
bien común. Se debe hacer todo lo posible para garantizar que los intereses
comerciales turbios no influyan en las elecciones de los líderes
gubernamentales y los organismos internacionales. No es razonable penalizar
aquellos remedios que han demostrado ser efectivos, y que a menudo son
económicos, solo porque se desea dar prioridad a los tratamientos o vacunas que
no son tan buenos, pero que garantizan a las compañías farmacéuticas ganancias
muchos mayores y exacerban los gastos de salud pública. Recordemos también,
como pastores, que para los católicos es moralmente inaceptable desarrollar o
usar vacunas derivadas de material de fetos abortados.
También pedimos a los Gobernantes
que garanticen que se eviten rigurosamente los medios de control sobre las
personas, ya sea a través de rastreo electrónico o cualquier otra forma de
búsqueda de ubicación. La lucha contra Covid-19, por grave que sea, no debe ser
el pretexto para apoyar las intenciones ocultas de los organismos
supranacionales que tienen intereses comerciales y políticos muy fuertes en
este plan. En particular, los ciudadanos deben tener la oportunidad de rechazar
estas restricciones a la libertad personal, sin que se imponga ninguna sanción
a quienes no deseen usar vacunas, de los métodos de localización o cualquier
otra herramienta similar. Téngase en
cuenta la flagrante contradicción que se observa entre quienes persiguen
políticas de reducción drástica de la población y al mismo tiempo se presentan
como salvadores de la humanidad sin tener la menor legitimación política ni
social. Finalmente, la responsabilidad política de aquellos que representan a
la gente no se puede dejar de ninguna manera a «expertos» que de hecho puedan
reclamar un tipo de inmunidad de ser enjuiciado, lo que es inquietante por
decir lo menos.
Solicitamos enérgicamente a los
medios de comunicación a comprometerse a proporcionar información precisa y no
penalizar la disidencia recurriendo a formas de censura, como está sucediendo
ampliamente en las redes sociales, en la prensa y en la televisión.
Proporcionar información precisa requiere que se dé espacio a las voces que no
están alineadas con una sola forma de pensar. Esto permite a los ciudadanos
evaluar conscientemente los hechos, sin ser fuertemente influenciados por las
intervenciones partidistas. Un debate democrático y honesto es el mejor
antídoto contra el riesgo de imponer formas sutiles de dictadura,
presumiblemente peores de las que ha visto nacer y morir nuestra sociedad en
épocas recientes.
Finalmente, como pastores a
quienes se ha encomendado la importante misión de guiar la grey de Cristo,
recordemos que la Iglesia afirma firmemente su autonomía para gobernar, adorar
y enseñar. Esta autonomía y libertad son un derecho innato que Nuestro Señor
Jesucristo le ha dado para alcanzar sus propios fines. Por esta razón, como
pastores, afirmamos firmemente el derecho de decidir de manera autónoma sobre
la celebración de la Misa y los sacramentos, así como reclamamos la autonomía
absoluta en asuntos que caen dentro de nuestra jurisdicción inmediata, como las
normas litúrgicas y las formas de administrar la Comunión y los Sacramentos. El
Estado no tiene derecho a interferir, por ningún motivo, en la soberanía de la
Iglesia. Las autoridades eclesiásticas nunca se han negado a colaborar con el
Estado, pero dicha colaboración no autoriza a las autoridades civiles a imponer
ningún tipo de prohibición o restricción sobre el culto público o el ejercicio
del ministerio sacerdotal. Los derechos de Dios y de los fieles son la ley
suprema de la Iglesia, que ella no pretende ni puede abrogar. Pedimos que se
eliminen las restricciones a la celebración de ceremonias públicas.
Queremos invitar a todas las
personas de buena voluntad a no eludir su deber de cooperar por el bien común,
cada uno de acuerdo con su propio estado y posibilidades, y en un espíritu de
caridad fraterna. Esta cooperación, auspiciada por la Iglesia, no puede
prescindir sin embargo del respeto a la ley natural ni a la garantía de las
libertades individuales. Los deberes civiles a los que están obligados los
ciudadanos implican el reconocimiento de sus derechos por parte del Estado.
Todos estamos llamados a evaluar
la situación actual de una manera consistente con la enseñanza del Evangelio.
Esto significa tomar una posición: estas con Cristo o contra Cristo. No nos
dejemos intimidar ni asustar por aquellos que nos quieren hacer creer que somos
una minoría: el bien está mucho más difundido y poderoso de lo que el mundo nos
haría creer. Estamos luchando contra un enemigo invisible que busca dividir a
los ciudadanos, separar a los niños de sus padres, los nietos de sus abuelos,
los fieles de sus pastores, los estudiantes de los maestros y los clientes de
los vendedores. No permitamos que siglos de civilización cristiana sean
borrados bajo el pretexto de un virus, y que se establezca una odiosa tiranía
tecnológica, en la que personas sin nombre y sin rostro puedan decidir el
destino del mundo confinándonos a una realidad virtual. Si este es el proyecto
que tienen para dominarnos los poderosos de la tierra, sepan que Jesucristo,
Rey y Señor de la Historia, ha prometido que «las puertas del Infierno no
prevalecerán» (Mt 16:18).
Encomendamos al Dios Todopoderoso
a los Gobernantes y a todos los que gobiernan el destino de las naciones, para
que Él los ilumine y los guíe en este momento de gran crisis. Que recuerden
que, así como el Señor nos juzgará a los Pastores por el rebaño que nos ha
confiado, también juzgará a los Gobernantes de los pueblos a quienes tienen el
deber de defender y gobernar.
Con fe, roguemos al Señor que
proteja a la Iglesia y al mundo. Que la Santísima Virgen, Auxilio de los
Cristianos, aplaste la cabeza de la antigua serpiente y derrote los planes de
los hijos de la oscuridad.
8
de mayo de 2020
Nuestra
Señora del Rosario de Pompeya
No hay comentarios:
Publicar un comentario